Hace unos días la prensa se hacía eco de una situación poco habitual: una mujer decide otorgar testamento sin la figura del notario y sin conocimientos jurídicos previos. Teniendo en cuenta la situación sanitaria, decidió contar con tres testigos y otorgar el testamento en presencia de ellos.

Esto es posible y existe en nuestra legislación: el artículo 701 del Código Civil no exige la presencia ni intervención de notario a la hora de otorgar testamento siempre que exista una situación de epidemia y que dicho acto se realice ante tres testigos mayores de 16 años. En este caso la lógica coincide con la ley: a lo largo del tiempo se han sucedido situaciones de emergencias sanitarias que pueden impedir a las personas poder desarrollar su vida diaria de forma ordinaria. Esto ha ocurrido recientemente con la pandemia que llegó hasta nuestras vidas, por lo que la posibilidad de acudir a este artículo del Código Civil es más que posible, siempre y cuando se cuente con la asistencia necesaria de los testigos.

Podríamos plantearnos si ese testamento es impugnable: en ese caso tendríamos que acudir a las circunstancias y la situación del testador, ya que dependerá de si existen o no familiares que puedan verse afectados por las estipulaciones recogidas en el mismo. Pero por el hecho de utilizar esta vía no significa por sí misma que el testamento quede invalidado, al contrario es perfectamente válido si se formaliza correctamente.

Basado en la noticia de: Gandía, P. (15/09/2022) "Hace su testamento sin notario por primera vez en un siglo: "Empleó un artículo del Código Civil sin tener conocimientos de Derecho"". https://www.cadenaser.com

Cuando nos encontramos con situaciones en las que existen menores con discapacidad, existe jurisprudencia diversa a la hora de indicar el régimen que se considera óptimo, ya que cada Tribunal ha valorado de forma distinta las circunstancias que rodeaban cada caso, lo que ha dado lugar a sentencias en uno y otro sentido.

En algunos casos, como el enjuiciado por la Audiencia Provincial de Córdoba en el año 2018, se estimó más beneficioso para los menores la guarda y custodia compartida considerando que así se incrementaba su beneficio. Aunque inicialmente la madre disponía de una guarda y custodia en exclusiva a su favor, un cambio en sus circunstancias personales le impedían hacerse cargo correctamente de sus hijos. Por eso solicitó una guarda y custodia en exclusiva, no existiendo motivos que impidieran al padre adquirir un mayor número de responsabilidades con respecto a sus hijos, ya que además disponía de una disponibilidad horaria compatible con su trabajo para adaptar la guarda y custodia compartida. A esto había que añadir que uno de los menores tenía una discapacidad reconocida del 33%, lo cual implicaba una mayor dedicación para su cuidado que resultaba imposible de ejercer mediante una guarda y custodia en exclusiva.

Sin embargo, en otros casos como el enjuiciado por el Tribunal Supremo en el mismo año, se estimó que el establecimiento de una guarda y custodia en exclusiva favorecía al hijo menor discapacitado ya que tomaron en consideración la existencia de un “progenitor de referencia” en este caso, la madre.

A pesar de que en ningún momento se consideró que el padre no poseyera aptitudes suficientes para ejercer correctamente la guarda y custodia de su hijo menor discapacitado, se optó por la guarda maternal porque “preserva la estabilidad del régimen que regía desde la adopción de las medidas provisionales, y esa rutina y cotidianidad es necesaria para el menor con discapacidad.”

Como vemos, en el caso de menores discapacitados no encontramos una jurisprudencia unánime que marque un único camino sino que, en base a las circunstancias de cada caso en cuestión, la decisión viene adoptada por lo que demande el mejor interés del menor que deba protegerse.

Actualmente el tema de la desheredación ocupa numerosos titulares de los medios de comunicación pero no siempre es sencillo poder acogerse a los motivos recogidos en la Ley para proceder a la desheredación de algún hijo.

La falta de comunicación o contacto entre padres e hijos se ha considerado en algunos casos judiciales como "maltrato psicológico" lo cual podría encuadrarse dentro del maltrato de obra, siendo éste un motivo de desheredación reconocido por nuestro Código Civil.

Así, Sentencias del Tribunal Supremo han tenido que adaptar el Derecho a la realidad social ante situaciones en las que se rompe todo lazo con los progenitores, causándoles un daño emocional de forma reiterada en el tiempo. Y esto último es casi el quid de la cuestión: reiterado en el tiempo. Si bien queda claro que el Tribunal ha ajustado la norma a la realidad actual mediante la herramienta del artículo 3 del Código Civil, es decir, aplicándola con un criterio lógico o finalista, también le ha concedido unos límites, respetando la aplicación restrictiva de las causas de desheredación, sin que podamos llegar a una interpretación analógica de la norma en ningún caso.

Puede resultar sorprendente el título de este nuevo apartado de actualidad, pero lo cierto es que la Audiencia Provincial de Córdoba estimó necesario acordar una custodia compartida a pesar de la rotunda negativa de uno de los progenitores: estamos ante un caso de menor discapacitado en el que las circunstancias excepcionales del caso condicionaron la custodia que finalmente fue adoptada a pesar de la oposición total de una de las partes.

La Audiencia estimó que es preciso que ambas partes se involucren de manera recíproca a fin de atender las necesidades de su hijo, de manera que el establecimiento de una custodia compartida no es una simple solicitud por conveniencia de una u otra parte sino una necesidad que se hace patente a fin de que el menor discapacitado se halle debidamente atendido. A este hecho se añade la falta de red familiar de apoyo por parte de uno de los progenitores, lo que supone una quiebra en el sistema de custodia exclusiva establecido con anterioridad que altera la situación existente.

Sin embargo este tipo de pronunciamientos puede conllevar ciertos riesgos: el hecho de que se decida adoptar una custodia compartida con la expresa oposición de una parte no quiere decir que se vaya a implicar ni que la manera de implicarse sea la óptima, por lo que no en todo caso se protege mediante esta medida el interés superior del menor.

Es necesario estudiar cada caso concreto para poder tener en cuenta todos los motivos que pueden argumentarse a favor de una u otra custodia.

A día de hoy no constituye un elemento novedoso hablar de mediación, puesto que es un procedimiento de resolución de conflictos que, poco a poco, se ha ido afianzando poco a poco en nuestro país produciéndose un arraigo y consolidación del sistema en los últimos cuarenta años.

La necesidad de implementar un sistema de mediación familiar a fin de resolver los problemas que genera la determinación del ejercicio de la patria potestad y la custodia resulta primordial ya que permite transformar términos como “tenencia” o “custodia” en la elaboración de un trabajo cooperativo.

Contribuye además a poder tratar los problemas surgidos en la materia de forma no traumática para los menores, ya que supone llegar a acuerdos sobre la convivencia, relaciones con la familia extensa, etc. que mejoran la llevanza del día a día para ellos, permitiendo adaptar las normas a la nueva realidad en las relaciones paternofiliales.

Recientemente la prensa se ha hecho eco de la Sentencia del Tribunal Supremo en la que se prohíbe el acceso a una piscina comunitaria por parte de los propietarios de garajes. A priori podríamos pensar que es una medida discriminatoria al ser estos igualmente propietarios y como tal, afrontan igualmente el pago de los gastos comunitarios que se determinen por todos los vecinos.

Sin embargo, para darle más coherencia a esta resolución, al Alto Tribunal también establece que estos dueños están exento del pago de cuota para el mantenimiento de dichas instalaciones, sentando así jurisprudencia para los casos que puedan plantearse en situación similar.

A pesar de la contundencia de la resolución, esta decisión no deja de ser controvertida: a pesar de ser dueños de uno de los elementos del edificio, el Tribunal Supremo entiende que la adquisición de una plaza de garaje no está relacionada con el estacionamiento de vehículos y por lo tanto, nada tiene que ver este tipo de elementos comunes más recreativos con ser titular de un aparcamiento. 

A pesar de que podamos considerar sorprendentes este tipo de resoluciones, su existencia reside en la escasa legislación existente sobre propiedad horizontal, de tal forma que son los Juzgados quienes deben desarrollar la materia y dar solución a cualquier tipo de conflicto vecinal. En este caso, la decisión se basa en el propio derecho de la Comunidad para acordar la prohibición del acceso a la piscina por parte de los titulares de las plazas de garaje que a su vez no dispongan de una vivienda en propiedad.

Sin ninguna duda, la vida en una comunidad de propietarios puede ser compleja y peliaguda, por lo que siempre es importante poder contar con un asesoramiento experto en la materia.

Lo primero que nos preguntamos ante este Título es: ¿Qué es una "casa nido"?

Pues bien, lo primero que hay que tener claro es en qué espacio nos movemos: tras la separación de una pareja, los progenitores deciden (o el Juzgado acuerda) establecer una custodia compartida a favor de los menores en la cual los hijos pasarán un periodo de tiempo igual con cada progenitor. Ante este intercambio de cuidador, se plantea la duda de qué ocurre con el uso de la vivienda. Una de las opciones que ha sido planteada por los Juzgados es la denominada "casa nido": los menores permanecen en su hogar familiar mientras que son los progenitores los que van rotando y alternando su estancia en la misma por semanas o quincenas.

Esta modalidad ha sido acordada en varias ocasiones por los Juzgados al entenderse que así se protegía mejor el interés superior del menor como principio máximo a la hora de tomar decisiones en este ámbito. Sin embargo, no todo son ventajas: ya ha habido algunas críticas a esta medida ya que supone un gran desembolso económico para ambos padres tener que mantener en todo caso dos viviendas. Además es necesario establecer una serie de pautas de  convivencia para el día a día podría llegar a afectar a la esfera personal de los progenitores, ya que lo que precisamente quieren es desvincularse por completo de su anterior pareja.

Como en todos los procesos de familia, es necesario estudiar cada caso concreto para tomar la mejor decisión en el asunto.

Cuando hablamos de herencia, siempre se suele hacer referencia a la aceptación de la misma pero en pocas ocasiones se habla de la aceptación a beneficio de inventario o de la renuncia.

En pocas palabras podemos definir cada figura de la siguiente forma:

- aceptación de la herencia (pura y simple): supone la transmisión de bienes, derechos y deudas, respondiendo el heredero con sus propios bienes frente a esas deudas que haya adquirido.

- aceptación de la herencia a beneficio de inventario: supone la transmisión de bienes, derechos y deudas pero sólo responderán de las mismas los bienes que forman parte de esa herencia.

- renuncia de la herencia supone el rechazo de todos los bienes, derechos y deudas que la integran.

Teniendo en cuenta la situación en la que se encuentre el fallecido, los herederos podrán optar por una u otra vía en función de lo que más convenga a sus intereses, pudiendo hacer uso de su derecho a deliberar.

Si finalmente deciden renunciar a la herencia que se les plantea, dicho acto tiene que estar realizado ante Notario. Una vez que tenemos las escrituras, es necesario efectuar determinamos trámites ante la oficina liquidadora (en el caso de Extremadura al menos) para formalizar las actuaciones en concepto de impuesto de sucesiones.

Por ello es importante siempre tener en cuenta la situación de la masa hereditaria antes de aceptarla para que después no existan problemas o incertidumbres ante las deudas a las que los herederos tendrán que hacer frente.

Una de las dudas que más surgen en una Comunidad de Propietarios con deudas de parte de alguno de sus vecinos es qué ocurre con la reclamación de las cuotas impagadas por el vecino moroso si éste decide vender el piso.

En ocasiones se desconoce que a la hora de vender un inmueble, el vendedor y aún propietario del piso deberá aportar en el momento de formalizar las escrituras un Certificado expedido por la Comunidad de Propietarios donde conste que se encuentra libre de deudas y por tanto, que se halla al corriente de pago de todas las cuotas comunitarias. Hay que tener en cuenta que cabe la posibilidad de que el adquiriente le exonere de dicha responsabilidad, por lo que es el comprador quien puede evitar que el Certificado sea incorporado a las escrituras de compraventa.

En el caso de que el comprador finalmente no exija la incorporación del citado certificado, cabe la posibilidad de que el inmueble se transmita a pesar de que existan todavía deudas comunitarias. Ante esto, es necesario recordar que el inmueble en cuestión responde de las cantidades adeudadas a favor de la Comunidad hasta el límite de los que resulten imputables a la parte vencida de la anualidad en la que tenga lugar la adquisición y a los tres años naturales anteriores. Es decir, el nuevo adquirente debe saber que el piso o local que acaba de comprar queda legalmente afecto al pago de dichas cantidades.

Además, hay que tener en cuenta que la reclamación de estas deudas tiene un plazo de prescripción, por lo que para mantener los pagos comunitarios al día es importante conocer bien la normativa a fin de saber quien está obligado al pago de las cantidades que adeudadas y el plazo que disponemos para reclamarlas.

Dentro del ámbito del derecho sucesorio es extendidamente conocida la limitación que actualmente recoge la Ley a la hora de ordenar la herencia de nuestros bienes: existe la legítima estricta según la cual, a nuestros herederos directos no podremos dejarles sin herencia, salvo que exista alguna causa de desheredación (las cuáles están tasadas y no son nada fáciles de aplicar). 

Sin embargo, hay una herramienta bastante desconocida que proporciona una cierta "libertad" a la hora de ordenar nuestra sucesión y es a través de la "cautela socini": introduciendo esta cláusula en el testamento le proporcionamos al heredero la posibilidad de elegir entre aceptar lo que el testador le concede (que es más que la legítima) pero a cambio tiene que cumplir con una carga. En caso de que incumpla, sólo recibirá lo que estrictamente señale la ley. 

Es cierto que es necesario cumplir con determinados requisitos para que esta cláusula sea válida y además existen límites a la hora de aplicarla que frenan sus efectos, pero es totalmente desconocida por la población a pesar de ser una cláusula perfectamente aceptada y reconocida por nuestra jurisprudencia que proporciona cierta autonomía al testador a la hora de establecer cómo quiere que se efectúe el reparto de sus bienes.

Los cambios están a la orden del día y es imposible poder determinar con seguridad dónde vamos a tener nuestro domicilio en un futuro. En principio esto no tiene porqué entrañar ningún tipo de problema más allá de la burocracia que nos supone realizar este tipo de cambios.

Sin embargo, cuando hay menores el asunto cambia por completo, más todavía cuando nos encontramos ante un proceso de divorcio o separación de los progenitores y uno de ellos es el que necesita efectuar ese cambio de domicilio. Hemos de tener en cuenta que estas decisiones afectan a la esfera más directa del menor, a su día a día y por lo tanto, son actos incluidos en el ejercicio de la patria potestad de los progenitores.

Por eso la Ley ha decidido otorgar una mayor protección a tales decisiones a fin de que ambos padres estén de acuerdo en dicho cambio para respetar siempre el interés superior del menor: recientemente el código Civil ha experimentado una modificación en su artículo 154 al exigirse el consentimiento expreso de los progenitores a la hora de realizar un cambio en el domicilio del menor. Esta nueva redacción del artículo concede una mayor rigidez a la hora de entender concedido la autorización del progenitor no afectado por el cambio porque ya no sirven los actos que demuestren que se permite dicho cambio (que sería una autorización tácita) sino que el consentimiento debe darse por escrito. 

Ante las discrepancias que suelen surgir en procesos de separación o divorcio es habitual que dicho consentimiento no se conceda, por lo que en esos casos el progenitor que quiera efectuar dicho cambio se verá obligado a acudir a los juzgados a fin de que sean estos los que puedan emitir la correspondiente autorización judicial para poder efectuar ese cambio de domicilio junto con el menor afectado.

Cuando hablamos de un derecho de visitas directamente lo relacionamos con el que tienen los progenitores con respecto a sus hijos si no disfrutan de una custodia compartida. Pero, además de este innegable hecho, nuestra jurisprudencia ha venido aceptando el establecimiento de un régimen de visitas a favor de los abuelos, teniendo en cuenta el derecho que tienen ambas partes de mantener el contacto, independientemente de la relación que exista entre los progenitores y los abuelos del menor. Es decir, a pesar de que no exista una buena relación entre los progenitores y los abuelos, nada impide que este derecho puede reconocerse a su favor y así puedan sus nietos mantener un contacto estrecho con ellos.

Sin embargo, no es un derecho genérico que deba establecerse sin más, sino que los Tribunales exigen para su establecimiento la necesidad de concretar los beneficios que ello le produce al menor. Por lo tanto, a pesar de que no exista un motivo para impedir dicha relación, puede no verse reconocida si no está justificado que estas visitas van a favorecer a los nietos, quienes deben ser el referente a la hora de establecer medidas que afecten a su vida personal.

En contraposición, los Juzgados no están exigiendo justificar que existe una comunicación previa abuelos-nietos, sino que se presume dicha relación existe.

Por lo tanto, es de vital importancia estudiar cada caso concreto para poder valorar la exigencia de un régimen de visitas a favor de los abuelos a fin de que los Juzgados nos den el visto bueno.

En nuestra realidad social actual podemos reconocer de forma innegable los diferentes modelos de familia que van surgiendo, entre los que encontramos las parejas o uniones de hecho.

En ningún caso nos encontramos ante una forma de matrimonio puesto que sus miembros rechazan sus consecuencias jurídicas, sino que se constituye una unión de dos personas que deciden de alguna forma articular su convivencia en común. Sin embargo, a la hora de acudir a la legislación existe, nos encontramos con un problema inicial: no existe una regulación nacional unitaria en esta materia más allá de las consideraciones generales que existen en algunas normas. Por tanto, hay que acudir a la normativa de cada Comunidad Autónoma para poder estudiar los requisitos que se exigen en cada una de ellas a fin de constituir dicha pareja de hecho.

En el caso de Extremadura, este asunto está regulado en la Ley 5/2003 de 20 de Marzo de parejas de hecho, donde se recogen los requisitos personales que han de cumplir los solicitantes a fin de poder ser constituidos en pareja de hecho. Además se establece como requisito constitutivo la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa formalización de un expediente contradictorio. Por último, para poder acogerse a este ley es necesario que al menos uno de los miembros esté empadronado y tenga su residencia en Extremadura.

Estas son unas breves notas acerca de cómo proceder a la constitución como pareja de hecho en Extremadura, siendo uno de los modelos familiares más demandados a día de hoy debido al creciente rechazo de los sistemas matrimoniales tradicionales.

En primer lugar y antes de entrar en el quid de la cuestión ¿ qué es un testamento cerrado?

Pues bien el testamento cerrado es aquel que realiza la persona por sí misma por escrito o por cualquier medio mecánico, pero que después debe presentar ante Notario cumpliendo con determinadas particularidades. Si bien este tipo de testamento es menos común, ya que la regla general es el otorgamiento de testamento abierto ante Notario, ha sido una de las grandes reformas que ha traído la Ley 8/2021 de apoyo y protección de las personas con discapacidad.

Anteriormente se impedía a las personas con discapacidad visual poder otorgar el testamento cerrado, a pesar de tener la posibilidad de realizarlo con los medios adecuados. Era una vía completamente vetada para ellos lo cual suponía una enorme desigualdad e incluso una afrenta a su libertad de testar. Todo esto ha cambiado con la nueva Ley 8/2021 puesto que ha posibilitado que las personas con discapacidad visual puedan hacer testamento cerrado utilizando para ello los medios mecánicos o tecnológicos que les permitan escribirlo y leerlo. Además cuando procedan a la presentación del mismo ante Notario deberán expresar en la cubierta que dentro se contiene su testamento, expresando el medio empleado y que el testamento está firmado por ellas. Todo ello, no obstante, cumpliendo el resto de requisitos legales que se exigen para el otorgamiento de este tipo de testamentos.

Esta reforma ha supuesto un gran cambio y un gran avance para las personas con discapacidad en general ya que supone darles una mayor autonomía para la realización de sus actuaciones sucesorias por sí mismas, cumpliendo con las exigencias establecidas en la Ley.

Esta mañana se publicaba en la prensa un caso de los Juzgados de Cáceres donde se libera a un padre de pagar la pensión de alimentos de su hijo porque éste le ignoraba.

Sin más. Ése es el titular.

Hay que adentrarse y conocer bien los entresijos del caso para poder entender porqué el Juzgado decide eximir del pago de la pensión de alimentos al padre cuando éste está obligado a darla. La situación que rodea al asunto es la determinante a la hora de eliminar la obligatoriedad del pago de la pensión a quien debe pagarla. Y ello es así porque, tal y como reconoce el Código Civil en su artículo 143, deben "darse alimentos" recíprocamente los ascendientes y descendientes (padres e hijos) desde que los necesite la persona en cuestión para poder subsistir: si nos encontramos con un hijo menor de edad, la pensión de alimentos debe abonarse debido a las necesidades y cuidados que deben ser cubiertos por ambos progenitores.

Esto ha traído dudas en numerosas ocasiones sobre el plazo de tiempo que hay que abonar alimentos a los hijos, es decir, si cuando estos son mayores de edad persiste la obligatoriedad del pago de la pensión. Igualmente surgen las dudas cuando se pierde toda relación con los hijos y no se tiene contacto con el mismo durante años (como ocurrió en el caso de la noticia publicada). Nuevamente habrá que acudir a cada caso concreto para poder determinar si se dan los requisitos necesarios para que la obligatoriedad del pago de pensión desaparezca. 

Afrontar una herencia y todo el proceso que conlleva siempre es una tarea peliaguda en la que hay que revisar y tener en cuenta cualquier mínimo detalle. Si a ello le añadimos el hecho de que alguna heredera o heredero resida en el extranjero, el trabajo es mucho mayor, pero no imposible de realizar.

En primer lugar es necesario destacar el importante papel que desempeña la tecnología: es de vital importancia estar en contacto con todos los herederos a la hora de gestionar cualquier conflicto que pueda surgir. Para ello, el correo electrónico y las videollamadas se hacen indispensables para que todos estén al corriente de los pasos que se deben dar a la hora de proceder a la partición de la herencia en cuestión.

En mi caso, las gestiones me llevaron hasta Canadá donde puse mi nivel de inglés a prueba a fin de comprobar la documentación necesaria para seguir con el procedimiento. En este caso, se hizo un poder a favor de otro heredero residente en España para que éste pudiera firmar las escrituras en su nombre. Esta decisión no hizo más fácil el trabajo pero era el camino a seguir a fin de llevar la partición a buen puerto.

Aquí es donde la tecnología nos falló: no existe medio electrónico válido que permitiera firmar las escrituras en Canadá, por lo que el remedio fue acudir a poderes notariales. Si contamos con la gran extensión del territorio en cuestión y una pandemia de por medio, el asunto se tornó complejo.

Sin embargo, con tesón y esfuerzo conseguí los documentos necesarios y la herencia quedó partida. La búsqueda de soluciones es el objetivo de todo abogado y en este caso a pesar de no ser un asunto judicial, era imprescindible eliminar las distancias y fronteras que nos separaban para poder realizar el procedimiento de la forma más llevadera posible.

Tras una separación sentimental, muchos son los aspectos que hay que abordar a fin de poder solucionar y arreglar todos los aspectos que derivan de ella: en primer lugar y de forma preferente, todo lo relativo a los menores, los cuales deben tener unas medidas que siempre sean adoptadas buscando su beneficio y protección. En segundo lugar, las medidas patrimoniales y económicas entre las que se puede encontrar la pensión compensatoria.

Y sí he dicho "puede" porque no se va a establecer una pensión compensatoria en todos los casos, sino que hay que observar si se produce el necesario desequilibro económico, junto con otras posibles razones que pudieran existir, a fin de poder determinar si procede o no acordar esta medida a favor del cónyuge que se vea más perjudicado tras la separación o divorcio.

En el caso de que estemos ante una ruptura en la que sí proceda la pensión compensatoria, son varias las formas en las que puede establecerse, si bien el Tribunal Supremo acaba de acordar la limitación de las pensiones indefinidas ante las circunstancias concretas de un divorcio producido en Madrid: es estima la necesidad de una pensión compensatoria pero la limita a un plazo de 5 años y a una cantidad, nada despreciable, de 1.000 € mensuales, anulando el carácter indefinido establecido por la Audiencia Provincial y reduciendo la cuantía.

Distintos factores son valorados a la hora de establecer esta limitación: la edad del cónyuge beneficiario de la pensión, la duración del matrimonio, el reparto previo de bienes en metálico de una suma considerable, la edad de los menores y la formación y posible incorporación al mercado laboral, entre otros.

Es importante, por lo tanto, tener en cuenta cada caso concreto para poder valorar la modalidad y cuantía de la pensión compensatoria que pueden establecer los Tribunales a la vista de esta novedosa sentencia.

Basado en la noticia de: Casanueva, I. (8/12/2021) "El Supremo rebaja una pensión compensatoria indefinida de 2.000 € a 1.000 € y fija un límite temporal de cinco años". https://www.confilegal.com

Dentro del Derecho de Familia hay terminología conocida por todos: divorcio, separación, bienes, demanda, juicio... Pero hay otras herramientas que pueden utilizarse por los futuros cónyuges que son bastante desconocidas: los pactos prematrimoniales y las capitulaciones matrimoniales.

¿Son lo mismo? Podría parecerlo pero existe cierta matización: cuando queremos establecer el régimen matrimonial que va a regir el futuro matrimonio, deben utilizarse las capitulaciones matrimoniales como documento para formalizar dicho cambio. Es decir, si queremos que en nuestra unión rija un régimen de separación de bienes debemos recogerlo en escritura pública como requisito indispensable para que tengan validez. Además es conveniente que dichas capitulaciones se inscriban en el Registro Civil a fin de tener efectos frente a terceros.

Además de incluir el régimen matrimonial, la Ley determina que en las capitulaciones podrán incluirse "cualesquiera otras disposiciones por razón del mismo (del matrimonio)" , por lo que la pareja podrá decidir cualquier aspecto que quieran dejar regulado para el futuro, sin que necesariamente tengan un carácter económico o patrimonial, existiendo como límites que la estipulación sea contraria a las leyes, las buenas costumbres o limitativa de la igualdad de derechos que corresponde a cada cónyuge.

Entonces ¿qué son los pactos prematrimoniales? Más extendido en otros países, son acuerdos a los que llegan los cónyuges para regular aspectos de su vida matrimonial o efectos que tengan lugar en el caso de que se rompa el vínculo pero en ningún caso podremos incluir en este documento el establecimiento o cambio del régimen económico matrimonial ya que, como hemos visto, únicamente podrá recogerse en las capitulaciones matrimoniales.

En este caso, hacemos referencia al mencionado refrán que nos invita a tener una actitud negociadora ante los problemas como vía de preferencia ante la celebración de un juicio, por muy beneficioso que este pudiera llegar a ser.

¿Pero es esto siempre cierto?

Queramos o no, ante este tema siempre existe la influencia de la propia mentalidad de la población: he tenido la ocasión de observar cómo, a pesar de que un acuerdo iba a ser más beneficioso, el cliente ha decidido seguir hacia adelante porque prefería que fuera un juez quien determinara la resolución del conflicto. La falta de información a la población de cómo funcionan los métodos alternativos de resolución de conflictos hacen que esta actitud ante ellos se enquiste en la sociedad sin que podamos avanzar hacia otra forma de resolver los problemas.

El ámbito familiar requiere de un mayor esfuerzo a la hora de llegar a acuerdos, pero acercar posturas entre las partes hace que el proceso sea más llevadero, más rápido y con menos quebraderos de cabeza.

Una futura modificación de la normativa establecerá de forma obligatoria la mediación como paso previo antes de una demanda en procedimientos de derecho de familia. Antes de que dicha reforma entre en vigor, como mediadora, afirmo que ya es práctica habitual que antes de entrar en sala, se intente llegar al mejor acuerdo posible para las partes, por lo que en este caso le legislación acertará a la hora de establecer este medida previa.

No siempre un mal acuerdo es mejor que un juicio, pero herramientas como la mediación suponen acelerar procesos que, siguiendo la senda judicial, son más costosos, tanto en tiempo como desde un punto de vista psicológico y emocional.

En ocasiones la población tiene la percepción de que la batalla entre David y Goliat es demasiado perfecta para ser real. Sin embargo, es más que posible.

Una Comunidad de Propietarios había suscrito un contrato de ascensor en el año 1988. Tras un detenido estudio y revisión del mismo por el Despacho, observamos una vigencia del mismo por 10 años, junto con prórrogas de la misma duración. Esta condición, ya de por sí abusiva, estaba plasmada en el documento con letras minúsculas y sin ningún tipo de diferenciación entre las partes más importantes del contrato.

La consideración de la Comunidad como consumidor hace que se le aplique el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, con la consiguiente protección que existe en materia de consumo: este tipo de condiciones hacen inviable la posibilidad de cambio de compañía por parte de la Comunidad, lo cual es completamente inaceptable y abusivo.

Existen numerosas sentencias que así lo han dictaminado, dando lugar a la creación de una sólida jurisprudencia y otorgando así las herramientas necesarias a la abogada de nuestro particular "David" (la Comunidad) para ganar la batalla frente al gran "Goliat" (la compañía de ascensores).

Si bien no podemos obviar la importancia de las pruebas dentro de cualquier procedimiento (como hemos demostrado en anteriores entradas de este apartado de actualidad) también es de vital importancia revisar si se han cumplido las formalidades exigidas durante el mismo, como en el caso de un procedimiento de adscripción provisional de personal en la Administración Pública.

El cliente acudió al despacho ante un proceso de movilidad con el que no estaba de acuerdo. El primer paso a seguir fue revisar si durante el procedimiento se habían seguido todas las formalidades exigidas por la ley: puesto que en este caso se había producido un cambio de domicilio, era necesaria la exigencia de conformidad por parte del empleado; conformidad que no se había producido.

Los procedimientos de personal al servicio de la Administración Pública siempre han sido casos delicados donde hay que revisar "con lupa" todo paso seguido por el ente público. Esto es lo que consiguió que el cliente obtuviera una sentencia favorable a sus peticiones.

El año pasado tuvimos ocasión de encargarnos de un asunto penal bastante complejo donde todo parecía ir a la contra del cliente: ante la denuncia de la entidad bancaria parecía imposible poder defender la permanencia del cliente en el inmueble debido a la falta de contrato existente que reflejara un acuerdo de permanencia en la vivienda hasta que el cliente adquiriera la financiación necesaria para adquirir dicho inmueble.

Una vez más la realidad no se ajustaba a la documentación: había conversaciones telefónicas, emails y facturas de la luz que hacían indicar que efectivamente existía una voluntad de la entidad en que el cliente residiese en el inmueble hasta que la situación mejorara.

Pusimos en valor toda la documentación que reflejaba esas conversaciones, por mínima que pudiera considerarse, a fin de demostrar la verdadera intención de la entidad bancaria.

De esta forma conseguimos que el Juzgado valorara la existencia de un consentimiento tácito por parte de la entidad y a favor del cliente que le ha permitido permanecer en su inmueble.

Nunca hay que menospreciar ninguna prueba, por pequeña que parezca.

Cuando se produce una ruptura, bien sea con vínculo matrimonial o sin él, es vital establecer unas medidas para los hijos. 

A pesar de ser conscientes de que la guarda y custodia compartida es ampliamente justificada como la más beneficiosa para los menores, hay que atender a cada caso en concreto: es posible defender una guarda y custodia en exclusiva si así resulta necesario.

¿Dónde está la clave? En las pruebas: como en todo proceso judicial, las pruebas van a ser determinantes para la consecución de nuestro objetivo; máxime cuando tratamos de que el Juez nos conceda una custodia en exclusiva cuando la regla general es la aplicación de una compartida.

Por lo tanto, respondiendo a la pregunta del título, no es imposible: en nuestro caso, la cliente nos mostró sus motivos para defender una guarda y custodia en exclusiva, los cuales argumentamos y fortalecimos con un gran número de pruebas documentales y testificales, siendo estas determinantes para que finalmente la Juez nos diera la razón y ella pudiera conseguir la guarda y custodia en exclusiva de su hija.

En este apartado de Actualidad, me permito hacer una breve reflexión y crítica acerca de la situación en la que nos encontramos actualmente, para mostrar si realmente nos encontramos con la paridad entre mujeres y hombres: no ya en los ámbitos de las grandes corporaciones o las Administraciones Públicas, sino visto desde el punto de vista de una joven empresaria que diariamente observa si existe la igualdad en las situaciones que la rodean.

La igualdad es un tema que día a día se encuentra presente en nuestras vidas: desde la publicación de aquella Ley Orgánica 3/2007 de 22 de Marzo se han realizado numerosos avances en esta materia, siendo de vital importancia el cumplimiento y el respeto de la igualdad en todos los ámbitos y sectores de nuestra sociedad.

Sin embargo ¿podemos afirmar categóricamente que existe igualdad en todos los ámbitos que rodean a las ciudadanas en su vida laboral?

FASE 3: PARTICIÓN DE LA HERENCIA

Seguimos con la Actualidad en nuestra página web y en este caso traemos una nueva entrega de la Serie "Dejarlo todo bien atado". En esta nueva fase, nos adentramos en el proceso de partición de herencia.

¿Cómo podemos definir la partición de herencia? Pues bien, se trata de aquel acto que consiste en repartir los bienes entre todos los herederos y legatarios de la misma en la forma prevista en el testamento o bien según lo estipulado por la ley.

De esta forma conseguimos que esa comunidad que ha surgido con respecto a la titularidad de los bienes desaparezca y estos ya formen parte del patrimonio de cada uno de los herederos y legatarios de la misma.

¿Cuáles son los documentos que necesitamos para proceder al desarrollo de este proceso? En realidad, son documentos que ya deben obrar en poder de los herederos del fallecido puesto que son prácticamente los mismos que ya han sido presentados para tramitar el impuesto de sucesiones ante la Oficina Liquidadora correspondiente.

Llega Septiembre y en muchas ocasiones tenemos la necesidad de encontrar una vivienda en alquiler con motivo de un cambio de residencia, de trabajo o de circunstancias personales. Es en estas ocasiones donde es imprescindible conseguir una vivienda en alquiler que cumpla con nuestras expectativas y con los requisitos básicos que la hagan perfecta.

En estas situaciones tenemos que extremar la precaución y observar con todo detalle tanto las características de la propia vivienda como de los servicios que ésta proporciona, de tal forma que con el tiempo no nos arrepintamos de la decisión tomada.

Es por ello que en este caso, vamos a exponer una breve guía sobre los puntos básicos a tener en cuenta cuando vamos a empezar a vivir en un régimen de alquiler, en este caso, de vivienda, que se convertirá en nuestra residencia habitual:

FASE 2: FALLECIMIENTO Y CONSECUENCIAS

Con esta entrada retomamos la Serie "Dejarlo todo bien atado", en este caso, centrándonos en el momento del fallecimiento y en los pasos que hay que dar para cumplir con la normativa establecida a pesar del duro trance que experimentamos ante esta situación desoladora.

En este apartado me centraré en el Impuesto de Sucesiones y más concretamente a la normativa autónomica extremeña, siendo esta una de las regiones más castigadas en la regulación del impuesto, existiendo numerosos artículos y noticias que reivindican la bajada del mismo o la renovación de las reducciones y bonificaciones.

Recientemente ha salido publicado un artículo en el Periódico Hoy relativo a la existencia de morosidad en las Comunidades de Propietarios, indicando ser un problema muy relevante que aún persiste en el día a día de los ciudadanos que residen en bloques de viviendas.

La experiencia dentro de esta rama de conocimiento me ha hecho descubrir que las situaciones en las que se encuentran aquellas personas que no pueden hacer frente a las cuotas comunitarias son muy variadas, pero es innegable que la crisis ha hecho mella directamente en la economía diaria de la familia, de tal forma que no se ha podido hacer frente a los gastos que se generan en una Comunidad de Propietarios.

FASE 1: EL TESTAMENTO

A pesar de toda la información que podemos recibir con respecto a este tema, seguimos siendo reticentes a la hora de acudir a la Notaría y proceder a otorgar testamento. Esto suele producirse por la creencia de que si acudimos al Notario para este fin, somos un poco pesimistas con nuestra visión de la vida y el futuro.

Pues bien, aunque exista este tipo de pensamientos o creencias, siempre es muchísimo más simple y beneficioso acudir a nuestro Notario más cercano y realizar este acto, ya que es un proceso sencillo que facilita enormemente el proceso hereditario una vez que la persona fallece.

Pero ¿qué es realmente un testamento? ¿Cómo se otorga?

En este caso, me propongo hacer una breve reflexión acerca de la relación que existe y que va a desarrollarse entre el Derecho y las Nuevas Tecnologías, dando lugar, entre otros conceptos, a la definición de Derechos Digitales, lo cual a día de hoy puede resultarnos una idea bastante extraña.

Sin embargo, debemos de tener en cuenta que nos encontramos cada día ante un nuevo avance en lo que ya se ha denominado como la "cuarta revolución industrial" y que todos los profesionales debemos estar con la mirada fijada en el futuro y en las oportunidades y los retos que nos proporcionan las nuevas tecnologías, sobre todo en una materia como son los derechos de los ciudadanos.

Esa es una de las preguntas más recurrentes que se realizan en mi despacho cuando existe alguna discrepancia en las Comunidades de Propietarios acerca del nombramiento del Presidente de la Comunidad. La duda generalizada que existe es si hay alguna causa por la cual un propietario pueda verse eximido de la obligación de ostentar el cargo de Presidente de la misma.

La respuesta es no pero con matices: en primer lugar hay que recordar lo que recoge la propia Ley de Propiedad Horizontal. En ella, se señala que todos los propietarios están obligados a ser Presidentes si el nombramiento recae en su persona. La elección puede realizarse porque ese mismo vecino se presente al cargo de forma voluntaria (que no suele ser lo habitual) o a través del turno rotatorio establecido entre todos los propietarios del inmueble. Esto quiere decir que no únicamente debe de ser nombrado Presidente aquel que sea el titular de una vivienda, sino que también podría serlo el dueño de un local comercial que pertenezca a ese mismo edificio.

Sí, por desgracia esta es una de las reflexiones que diariamente tienen muchos ciudadanos en la cabeza; pensamientos que preocupan, que quitan el sueño... que pueden incluso a llevar a un callejón sin salida.

Sin embargo, actualmente se están creando organismos que intentan solucionar los problemas hipotecarios de los ciudadanos que no pueden hacer frente a los pagos de la hipoteca de su vivienda.