Cuando una pareja decide separarse o divorciarse, surgen multitud de cuestiones complejas relacionadas con la vivienda, la liquidación de bienes o las medidas relativas a los hijos menores. Sin embargo, para muchas familias, existe otra cuestión con un alto impacto emocional e incertidumbre: ¿Qué ocurre con el animal de compañía?
Afortunadamente, la legislación española ha avanzado para adaptar la norma a la realidad social de los hogares actuales ya que, tras la reforma del Código Civil introducida por la Ley 17/2021, las mascotas dejaron de considerarse jurídicamente como meros bienes muebles o cosas para ser reconocidas como seres sintientes con un estatuto de protección propio.
Esto implica que, en los procedimientos de nulidad, separación o divorcio, los juzgados de familia —o los cónyuges a través del convenio regulador— deben fijar el destino del animal de compañía atendiendo al bienestar de la mascota y al interés de los miembros de la familia. Por eso, para evitar conflictos y ejecuciones judiciales futuras, resulta imprescindible dejar fijadas de forma clara y detallada tres cuestiones esenciales:
- Determinar si el cuidado del animal se encomienda a uno solo de los cónyuges (custodia individual) o si se establece un régimen de estancia compartido entre ambos.
- Concretar las fechas, periodos de vacaciones y forma de entrega y recogida para el cónyuge que no conviva de forma habitual con la mascota.
- Fijar el porcentaje con el que cada parte contribuirá a los costes ordinarios (alimentación, higiene, vacunas) y a los gastos extraordinarios (intervenciones veterinarias o tratamientos especiales).
Es importante además formalizar el acuerdo por escrito ya que confiar el destino o el reparto económico de una mascota a pactos verbales e informales suele derivar en desavenencias a medio y largo plazo cuando surgen imprevistos o facturas veterinarias elevadas. Reflejar estas medidas en un convenio regulador o solicitar su pronunciamiento en la demanda judicial aporta plena seguridad jurídica a ambas partes y garantiza la protección efectiva del bienestar del animal.
Si se encuentra en un proceso de ruptura familiar y desea regular la situación de su animal de compañía con el rigor legal y la sensibilidad que requiere, es fundamental contar con un asesoramiento técnico previo.
Solicite una consulta en nuestro despacho para analizar su situación particular y formalizar la propuesta de medidas más adecuada para su expediente.