En este apartado de Actualidad, me permito hacer una breve reflexión y crítica acerca de la situación en la que nos encontramos actualmente, para mostrar si realmente nos encontramos con la paridad entre mujeres y hombres: no ya en los ámbitos de las grandes corporaciones o las Administraciones Públicas, sino visto desde el punto de vista de una joven empresaria que diariamente observa si existe la igualdad en las situaciones que la rodean.

La igualdad es un tema que día a día se encuentra presente en nuestras vidas: desde la publicación de aquella Ley Orgánica 3/2007 de 22 de Marzo se han realizado numerosos avances en esta materia, siendo de vital importancia el cumplimiento y el respeto de la igualdad en todos los ámbitos y sectores de nuestra sociedad.

Sin embargo ¿podemos afirmar categóricamente que existe igualdad en todos los ámbitos que rodean a las ciudadanas en su vida laboral?

Como profesional y como mujer, puedo afirmar que se está avanzando en esta materia, pero también es cierto que se avanza de forma muy lenta y muy levemente. Por ello, no encontramos grandes cambios que supongan una verdadera transformación de la realidad de hoy en día.

Podría referirme a muchos ámbitos sociales, pero quiero comenzar con aquello que más se relaciona con mi profesión: el sector judicial. Desde ese punto de vista, este año ha existido una noticia que en mi opinión ha resaltado sobre muchas otras: la falta de mujeres en la apertura del año judicial. Resulta realmente sorprendente que, a pesar de que las mujeres representen el 64% de los jueces y magistrados menores de 50 años, sigamos encontrando que este solemne acto, la asistencia de mujeres es prácticamente mínima. En esta noticia que acredita que la representación femenina abarca un gran número de profesionales de nuestra justicia, pero a pesar de ello no se encuentran debidamente representadas en uno de los actos más relevantes de nuestra profesión.

Esta misma incongruencia la encontramos en nuestro día: como empresaria, en numerosas ocasiones se celebran en mi ciudad actos en los que se congregan empresarios para contrastar opiniones, mantener sinergias y demostrar la capacidad de emprendimiento que existe en nuestra región. Y sí, he dicho "empresarios" pero no como nombre neutro para referirme a hombres y mujeres, sino que es el nombre que refleja la realidad de esas reuniones y las personas allí congregadas.

Realmente me cuesta encontrar en las fotografías del evento mujeres que representen la existencia de empresarias en la ciudad y/o región, mujeres emprendedoras, mujeres que demuestren la fuerza del colectivo y que inspiren manifiesten que también las empresarias queremos y tenemos representación en al ámbito social y económico de nuestra localidad.

 

FASE 3: PARTICIÓN DE LA HERENCIA

Seguimos con la Actualidad en nuestra página web y en este caso traemos una nueva entrega de la Serie "Dejarlo todo bien atado". En esta nueva fase, nos adentramos en el proceso de partición de herencia.

¿Cómo podemos definir la partición de herencia? Pues bien, se trata de aquel acto que consiste en repartir los bienes entre todos los herederos y legatarios de la misma en la forma prevista en el testamento o bien según lo estipulado por la ley.

De esta forma conseguimos que esa comunidad que ha surgido con respecto a la titularidad de los bienes desaparezca y estos ya formen parte del patrimonio de cada uno de los herederos y legatarios de la misma.

¿Cuáles son los documentos que necesitamos para proceder al desarrollo de este proceso? En realidad, son documentos que ya deben obrar en poder de los herederos del fallecido puesto que son prácticamente los mismos que ya han sido presentados para tramitar el impuesto de sucesiones ante la Oficina Liquidadora correspondiente.

Sin embargo, vamos a recoger en un pequeño listado los documentos básicos para proceder a la formación de lo que se denomina como Cuaderno Particional, es decir, el documento que refleje las porciones en las que se va a dividir la herencia y qué bienes, derechos y/o deudas constan en la misma:

- Certificado de Defunción del causante, es decir, de la persona fallecida.

- Certificado de últimas voluntades donde se refleje si existe o no testamento y en la Notaría en la que se concedió. En el caso de que resulte la existencia de testamento notarial, habrá que solicitar una copia autorizada del mismo.

- Certificado del registro de Contratos de Seguro de cobertura de fallecimiento.

-Documento Nacional de Identidad del causante y de los herederos.

- Certificación literal del matrimonio y del nacimiento o fallecimiento de los herederos, en el caso de que nos encontramos ante una persona casada y con descendencia.

- Documentos acreditativos de la existencia de bienes, derechos o deudas.

Una vez visto todos estos aspectos, nos enfrentamos ya directamente al momento de proceder a dividir la herencia: en este sentido hay que observar la relación que existe entre los diferentes herederos: esto es de gran importancia ya que en gran parte determina la forma en la que se llevará a cabo la partición: bien extrajudicial o bien judicialmente.

                          Extrajudicial: normalmente se llevará a cabo en sede notarial siguiendo las instrucciones recogidas en el testamento o bien según las directrices del contador-partidor.

                           Judicial: nuestro Código Civil, así como la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, establecen las normas que hay que seguir para proceder a la división judicial de la herencia, la cual se producirá, normalmente y según la práctica, cuando no exista acuerdo entre los herederos sobre cómo realizar las particiones.

 

Con este breve resumen, hemos querido reflejar las pautas a seguir para proceder a la partición de los bienes existentes en la masa hereditaria, es decir, en el conjunto de propiedades y cargas que deja el causante tras su fallecimiento.

 

 

Llega Septiembre y en muchas ocasiones tenemos la necesidad de encontrar una vivienda en alquiler con motivo de un cambio de residencia, de trabajo o de circunstancias personales. Es en estas ocasiones donde es imprescindible conseguir una vivienda en alquiler que cumpla con nuestras expectativas y con los requisitos básicos que la hagan perfecta.

En estas situaciones tenemos que extremar la precaución y observar con todo detalle tanto las características de la propia vivienda como de los servicios que ésta proporciona, de tal forma que con el tiempo no nos arrepintamos de la decisión tomada.

Es por ello que en este caso, vamos a exponer una breve guía sobre los puntos básicos a tener en cuenta cuando vamos a empezar a vivir en un régimen de alquiler, en este caso, de vivienda, que se convertirá en nuestra residencia habitual:

1º. Formalizarlo en un contrato de arrendamiento.

La pertinencia de recoger el contrato de arrendamiento por escrito es totalmente innegable, ya que va a favorecer la protección de los derechos de los firmantes y recordar las obligaciones de ambas partes.

En el caso del dueño de la vivienda, es también muy recomendable la formación de un inventario con los bienes existentes en la vivienda, con el fin de determinar aquellos objetos y enseres que se ponen a disposición del arrendatario.

El inquilino por su lado deberá de comprobar el estado en el que se encuentran los citados enseres a fin de reconocer que se encuentran en perfecto estado, así como asegurarse de que los servicios de agua, luz, calefacción, conexiones telefónicas, Internet...funcionan correctamente.

2º. Obras a realizar en el inmueble.

El arrendador como propietario del inmueble estará obligado a realizar todas aquellas obras que sean necesarias para el adecuado uso del mismo por parte del arrendatario, así como a efectuar todas aquellas reparaciones para mantener el estado de habitabilidad de la vivienda.

Por otro lado, el inquilino deberá realizar aquellas pequeñas reparaciones que deriven del uso normal de la vivienda. Además deberá de soportar aquellas obras que deban acometerse porque así haya sido decidido por el propietario del inmueble o que deriven de decisión de la Junta de Propietarios del edificio del que forme parte el inmueble.

3º. Gastos imputables al arrendatario.

En este sentido únicamente vamos a destacar lo relativo a la cuota comunitaria: la obligatoriedad del pago de cuotas comunitarias y derramas extraordinarias correspondientes a gastos comunitarios correspondiente al dueño del inmueble. 

Esta es la regla general, es decir, la Ley de Propiedad Horizontal exige el pago al propietario, pero esto no impide que existan pactos o acuerdos a los que lleguen las partes por el cual el inquilino abone la cuota comunitaria o una parte de la misma.

4º. Duración del contrato.

Hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de que el arrendatario decida desistir del contrato de arrendamiento siempre que hayan transcurrido seis meses desde la entrada en vigor del mismo. Para que esto suceda, deberá comunicárselo al arrendador con un plazo de treinta días de antelación. Este caso puede preverse dentro del clausulado del contrato, de tal forma que puede estipularse una indemnización para el supuesto de que el arrendatario se acoja a esta posibilidad.

Por su lado, el arrendador podrá, una vez transcurrido el primer año de duración del contrato, comunicar al arrendatario la existencia de necesidad de disponibilidad de la vivienda para sí o para sus familiares de primer grado, siempre que sea para constituir en ella su residencia habitual.

5º. Renta y forma de pago.

Es preciso determinar tanto la cuantía que se debe abonar en concepto de renta mensualmente como la forma en la que se producirá el pago de la misma. Siempre es aconsejable determinar como medio de pago la transferencia bancaria, ya que de esa forma ambas partes tienen la seguridad de saber si se ha procedido o no al abono de la cuantía establecida.

En este punto hemos de hacer referencia a las actuaciones a realizar cuando se producen impagos en las rentas por parte del arrendatario del inmueble: en ese caso es preciso proceder a la interposición de demanda judicial, siempre que haya existido un requerimiento previo que refleje los impagos que se hayan producido.

De esta forma se conseguirá de una forma más rápida y efectiva el desahucio del inquilino en el caso de que éste no abone o no justifique que los debidos abonos se han realizado.

 

 

FASE 2: FALLECIMIENTO Y CONSECUENCIAS

 

Con esta entrada retomamos la Serie "Dejarlo todo bien atado", en este caso, centrándonos en el momento del fallecimiento y en los pasos que hay que dar para cumplir con la normativa establecida a pesar del duro trance que experimentamos ante esta situación desoladora.

En este apartado me centraré en el Impuesto de Sucesiones y más concretamente a la normativa autónomica extremeña, siendo esta una de las regiones más castigadas en la regulación del impuesto, existiendo numerosos artículos y noticias que reivindican la bajada del mismo o la renovación de las reducciones y bonificaciones.

Algunos ejemplos de estas noticias son las siguientes:

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/extremenos-son-espanoles-mas-impuestos-pagan-herencias_306685.html

http://www.hoy.es/sociedad/201703/09/impuesto-sucesiones-extremadura-hace-20170309080920.html

A pesar de las publicaciones realizadas en estos diarios, hay que tener en cuenta que actualmente al ley 8/2016 de 12 de Diciembre de Medidas Tributarias, patrimoniales, financieras y administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura (http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2380o/16010008.pdf) mantiene las bonificaciones que ya existían en la materia, de tal manera que con un patrimonio hereditario no superior a 175.000 €, el heredero únicamente tendrá que abonar el 1 %. La regulación que existe en estos momentos en Extremadura afecta sobre todo a los grandes patrimonios, al tener la masa hereditaria un gran valor económico.

Teniendo este aspecto en cuenta, lo primero que hay que observar es el plazo de tiempo: únicamente se dispone de 6 meses para proceder a la liquidación del impuesto. Aunque a priori puede parecer un plazo razonable, hay que tener en cuenta que nuestra mente no se encuentra en disposición de concentrarse en estos asuntos, ya que la pérdida de un ser querido nos "paraliza" a la hora de observar los procedimientos administrativos y en este caso tributarios, que deben de cumplirse.

Una vez que tomamos consciencia de que debemos cumplir con la liquidación del Impuesto de Sucesiones, es hora de empezar la recopilación de documentos necesarios para poder tramitar el proceso. En primer lugar, es de vital importancia conocer si existía testamento o si el causante ha fallecido sin haberlo otorgado, en cuyo caso habría que proceder al levantamiento de un acta de declaración de herederos: este acta es un documento notarial necesario para determinar los herederos que existen y a los que se van a transmitir los bienes del causante, para darle publicidad y tener certeza de que no hay más sucesores que puedan heredar al fallecido.

Una vez cumplido con ese trámite, es preciso recabar otros documentos tales como Certificado de Defunción, de Últimas Voluntades, de Seguro, Escrituras de Bienes Inmuebles...es decir, el plazo de 6 meses que nos concede la Ley no es tan extenso a la vista de toda la documentación que es necesario recabar y que hay que presentar ante la Oficina Liquidadora. 

Por último a la hora de proceder a la presentación del impuesto, es muy importante tener en cuenta la división del territorio realizada con este finalidad, ya que habrá que tener en cuenta el último domicilio del fallecido a la hora de presentar ante la Oficina Liquidadora correcta, la declaración del impuesto con todos los documentos justificativos de las circunstancias personales, familiares y del patrimonio del causante.

 

Recientemente ha salido publicado un artículo en el Periódico Hoy relativo a la existencia de morosidad en las Comunidades de Propietarios, indicando ser un problema muy relevante que aún persiste en el día a día de los ciudadanos que residen en bloques de viviendas.

La experiencia dentro de esta rama de conocimiento me ha hecho descubrir que las situaciones en las que se encuentran aquellas personas que no pueden hacer frente a las cuotas comunitarias son muy variadas, pero es innegable que la crisis ha hecho mella directamente en la economía diaria de la familia, de tal forma que no se ha podido hacer frente a los gastos que se generan en una Comunidad de Propietarios.

En este caso, me voy a centrar en tres situaciones muy diferentes pero que podemos encontrar fácilmente en las Comunidades de Propietarios a día de hoy:

 

Caso 1: uno de los propietarios de las viviendas del inmueble no puede hacer frente al pago de la cuota mensual de la Comunidad porque no dispone de recursos suficientes ya que ha sido recientemente despedido de la empresa en la que trabajaba.

En este caso lo más conveniente es que el citado propietario acuda a la próxima Junta de Propietarios que se celebre para poner de manifiesto a los vecinos su problema y mostrar voluntad de pago en la medida de sus posibilidades.

La Comunidad en este caso es "soberana", es decir, podrá llegar a un acuerdo con el propietario que beneficie a ambas partes teniendo en cuenta las dificultades económicas en las que se encuentra el vecino, o puede acordar reclamar la deuda judicialmente en el caso de que no la abone dentro de un tiempo razonable de forma extrajudicial.

 

Caso 2: uno de los propietarios no puede hacer frente al pago de las cuotas comunitarias debido a la falta absoluta de recursos, tiene otras deudas con organismos o empresas y es muy complicado poder obtener ingresos para hacer frente a las mismas. A pesar de esta situación, el vecino no informa a la Comunidad ni da facilidades para poder ingresar la deuda con alguna fórmula que beneficiara a las dos partes.

En este caso la Comunidad actuaría más sabiamente si acordara en Junta de Propietarios la liquidación de la deuda, así como la interposición de acciones judiciales para el caso de que la deuda existente no se abone dentro de un plazo de tiempo determinado.

 

Caso 3: uno de los propietarios del inmueble tiene recursos económicos suficientes para hacer frente al pago de las cuotas comunitarias. Sin embargo, no está de acuerdo con la obra que va a acometerse en la Comunidad y decide dejar de abonar las cuotas a fin de hacer presión a los demás vecinos.

Esta situación puede dar lugar a diferentes problemas: la Comunidad podría no tener ingresos suficientes para cubrir el pago de la factura de la obra en cuestión si la distribución del presupuesto se hace entre todos los inmuebles del edificio y uno de ellos decide no abonar la parte que le corresponde (esto ocurre sobre todo en Comunidades pequeñas, en las cuales el impago de uno sólo de los vecinos puede causar muchos problemas al conjunto de todos). En este caso, la Junta de Propietarios deberá aprobar una derrama más cuantiosa a los demás vecinos para contrarrestar el impago de uno de ellos, ya que sería un problema mucho más importante el hecho de que la Comunidad no abonara la factura de la obra realizada en la misma.

Esto no significa que el vecino moroso quede impune: la Comunidad deberá de proceder a la reclamación judicial del pago de la deuda y con la mayor rapidez posible (respetando siempre los plazos legales establecidos), de tal forma que se recupere la derrama y/o cuota reclamada así como los gastos que haya ocasionado esta reclamación. Además en este supuesto que hemos planteado, el vecino moroso no tiene problemas de pago, por lo que será sencillo el poder conseguir la cuantía reclamada.

 

Hemos de tener en cuenta que cada Comunidad es un mundo, por lo tanto, habrá que estar a cada caso concreto para determinar con mayor exactitud la mejor actuación que debe realizar tanto la Comunidad como el propietario afectado por la deuda comunitaria.

 

FASE 1: EL TESTAMENTO

 

A pesar de toda la información que podemos recibir con respecto a este tema, seguimos siendo reticentes a la hora de acudir a la Notaría y proceder a otorgar testamento. Esto suele producirse por la creencia de que si acudimos al Notario para este fin, somos un poco pesimistas con nuestra visión de la vida y el futuro.

Pues bien, aunque exista este tipo de pensamientos o creencias, siempre es muchísimo más simple y beneficioso acudir a nuestro Notario más cercano y realizar este acto, ya que es un proceso sencillo que facilita enormemente el proceso hereditario una vez que la persona fallece.

Pero ¿qué es realmente un testamento? ¿Cómo se otorga?

Pues bien, en este pequeño resumen me voy a centrar sobre todo en un tipo de testamento porque es quizá el más extendido: el testamento abierto.

Se califica el testamento como abierto aquel que realiza la persona que lo concede ("testador") directamente ante un notario, el cual debe dar fe del contenido de la última voluntad de esa persona, identificándolo correctamente y haciendo constar que tiene capacidad legal para poder otorgarlo.

En este acto de otorgamiento puede ser necesaria la presencia de testigos, dependiendo de las circunstancias de la persona del testador:

- Pueden ser necesarios testigos que intervendrán en el caso de que el testador no sepa o no pueda firmar, sea ciego, no sepa leer ni escribir o bien porque así lo solicite el notario o el propio testador ("testigo instrumental").

- Otro supuesto en el que puede ser necesaria la intervención de testigos es para identificar a la persona que vaya a realizar el testamento frente al Notario ("testigo de conocimiento").

Una vez tenemos identificadas a las personas que intervienen y que pueden intervenir en el acto de otorgamiento de testamento, hay que conocer el contenido de este testamento. Nuevamente me vuelvo a remitir al contenido más genérico que puede contener este documentos notarial:

1. El nombramiento del "cónyuge supérstite" (es decir, aquel que sobrevive a la persona del testador) como usufructuario universal y vitalicio de toda la herencia.

2. La institución de herederos universales y por partes iguales de todos los bienes, derechos y acciones a los hijos, siendo estos sustituidos por sus sucesores en caso de "premoriencia" (esto quiere decir que serán los nietos los que hereden en el caso de los hijos fallezcan antes que el padre o madre).

Hay que tener en cuenta que éste es el contenido usual y mínimo que contienen las disposiciones testamentarias, por lo que es imprescindible estar a cada caso en concreto y a cada situación familiar.

Independientemente de la edad que tengamos (teniendo en cuenta que la edad mínima para poder otorgar testamento es de 14 años), resulta imprescindible que más temprano que tarde, acudamos a la Notaría y empecemos a determinar cómo vamos a dejar nuestra herencia a nuestros sucesores, si bien es de mayor utilidad cuando empezamos a disponer de bienes y derechos. De esta forma nuestros herederos conocerán y deberán respetar aquello que en el testamento se establece.

Éste es el primer paso de esta serie "Dejarlo todo bien atado", la cual comenzamos con esta entrada e iremos desarrollando en diferentes fases dentro del apartado de Actualidad. Te animamos a que sigas atentamente nuestra página web para mantenerte informado de este tema tan importante en nuestras vidas.

 

 

En este caso, me propongo hacer una breve reflexión acerca de la relación que existe y que va a desarrollarse entre el Derecho y las Nuevas Tecnologías, dando lugar, entre otros conceptos, a la definición de Derechos Digitales, lo cual a día de hoy puede resultarnos una idea bastante extraña.

Sin embargo, debemos de tener en cuenta que nos encontramos cada día ante un nuevo avance en lo que ya se ha denominado como la "cuarta revolución industrial" y que todos los profesionales debemos estar con la mirada fijada en el futuro y en las oportunidades y los retos que nos proporcionan las nuevas tecnologías, sobre todo en una materia como son los derechos de los ciudadanos.

Las relaciones digitales con repercusión en el ámbito del Derecho podemos encontrarlas en varias vertientes; en este caso, voy a centrarme principalmente en dos: las relaciones comerciales y las relaciones "personales".

- En primer lugar, las compras digitales que se realizan online han dado lugar que el legislador haya tenido que ir modificando las normativas existentes en materia de protección de los consumidores a fin de que estos puedan verse amparados por los mismos derechos actuando por vía digital que si lo hicieran en un comercio convencional u "offline". De esta forma se han ido ampliando y regulando cada vez con mayor solidez la protección de datos cuando realizamos cualquier pago a través de páginas webs y la seguridad jurídica a la hora de poder formular reclamaciones y realizar devoluciones si el consumidor no se encuentra satisfecho con la compra realizada.

- En segundo lugar, lo he denominado como relaciones "personales" a la utilización de redes sociales en las que cada vez mayor número de ciudadanos publica fotografías que afectan directamente a su intimidad o a su imagen personal, formulan un comentario y manifiestan su opinión acerca de un tema controvertido y/o de actualidad. Aquí entran el juego directamente los derechos fundamentales que la propia Constitución reconoce a todos los ciudadanos: derechos a la propia imagen, derechos a la intimidad, derecho a la libertad... Es necesario que el legislador en este caso vaya, no al día, sino unos pasos hacia adelante y empiece a regular estas materias dentro del ámbito digital, de tal forma que el uso que se realice de estas plataformas sea seguro y respetuoso con los derechos humanos. De esta forma, estos Derechos Digitales puedan verse amparados por una normativa aplicable directamente a esta materia y que regule de forma global una práctica que está presente en el día a día de todos los ciudadanos.

No puedo olvidar en esta pequeña reflexión la utilización de las herramientas digitales que los propios profesionales del Derecho podemos utilizar para incorporarnos a los los cambios que se están produciendo en nuestro entorno y en nuestros clientes. De esta forma acudiremos a la ayuda de la tecnología para ser más eficientes y poder conceder mejores servicios a una sociedad cada vez más digitalizada y actualizada en los avances informáticos que se suceden y van a suceder en los próximos años.

Esa es una de las preguntas más recurrentes que se realizan en mi despacho cuando existe alguna discrepancia en las Comunidades de Propietarios acerca del nombramiento del Presidente de la Comunidad. La duda generalizada que existe es si hay alguna causa por la cual un propietario pueda verse eximido de la obligación de ostentar el cargo de Presidente de la misma.

La respuesta es no pero con matices: en primer lugar hay que recordar lo que recoge la propia Ley de Propiedad Horizontal. En ella, se señala que todos los propietarios están obligados a ser Presidentes si el nombramiento recae en su persona. La elección puede realizarse porque ese mismo vecino se presente al cargo de forma voluntaria (que no suele ser lo habitual) o a través del turno rotatorio establecido entre todos los propietarios del inmueble. Esto quiere decir que no únicamente debe de ser nombrado Presidente aquel que sea el titular de una vivienda, sino que también podría serlo el dueño de un local comercial que pertenezca a ese mismo edificio.

Sí, por desgracia esta es una de las reflexiones que diariamente tienen muchos ciudadanos en la cabeza; pensamientos que preocupan, que quitan el sueño... que pueden incluso a llevar a un callejón sin salida.

Sin embargo, actualmente se están creando organismos que intentan solucionar los problemas hipotecarios de los ciudadanos que no pueden hacer frente a los pagos de la hipoteca de su vivienda.